2 de septiembre de 2017 00:00

Acciones diplomáticas contra la pesca ilegal

El 22 de agosto, la población en Puerto Ayora, Santa Cruz protestó por la pesca indiscriminada de tiburones. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El 22 de agosto, la población en Puerto Ayora, Santa Cruz protestó por la pesca indiscriminada de tiburones. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

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Los barcos chinos fueron cuidadosos. Según la Armada del Ecuador, su desplazamiento se mantuvo justo al borde de la zona económica exclusiva de Galápagos. Uno solo ingresó al territorio marítimo ecuatoriano y precisamente fue capturado, el 13 de agosto del 2017.

El Estado quiere ser igual de meticuloso en las medidas que tomará para enfrentar la pesca a gran escala, en los alrededores del mar ecuatoriano.

La Cancillería puso a trabajar a las embajadas en Beijín, Canberra (Australia, concurrente con Nueva Zelanda), Washington, Bogotá y Lima, y al consulado en Los Ángeles, California. A través de estas sedes se trabaja en cuatro ejes: con el Estado chino, con la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), con las autoridades de Perú y Colombia, y el último con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convemar).

En el primer eje se presentó una protesta formal al Embajador chino en Quito y a su Cancillería, a través de la Embajada en Beijín. Esto provocó que las autoridades chinas abrieran una investigación.

El embajador Efraín Baus, director de Relaciones Vecinales, contó que China revisará los datos de posición satelital y la bitácora del barco detenido, para determinar el momento y la posición en que recibió la carga ilegal. Esto incluye aplicar medidas correctivas y las sanciones pertinentes, si se comprueban hechos ilícitos.

China reconoció la importancia de la preservación de las especies protegidas y notificó a toda su flota pesquera para que se abstenga de acercarse a la reserva de Galápagos.

El segundo eje fue acudir a las instancias internacionales especializadas: la OROP-PS y la CIAT. El primer objetivo era levantar una alerta sobre la presencia de la flota china, con unas 300 naves, en la zona. La OROP-PS, con sede en Nueva Zelanda, transmitió la alerta a los países del Pacífico Sur.

En La Jolla, California, Ecuador pidió a la CIAT que verifique además el cumplimiento de las normas de protección de las especies migratorias.

Ambos organismos llevan un registro de las embarcaciones habilitadas para circular por sus aguas. Si se comprueba que algún barco de la flota china incumplió sus instrumentos o reglamentaciones, se suspenderían sus licencias y se sancionaría a las empresas.

La meta, además, es lograr una posición regional de los países afectados por la pesca a gran escala. Ya que la navegación y pesca en alta mar no pueden ser detenidas; son aguas internacionales.

Pero las especies migratorias, como el atún, deben ser preservadas, explica Baus. Interrumpir el ciclo de migración afecta la actividad en los países por donde transitan y puede acabar con las especies.

Por este motivo, a través de los embajadores en Bogotá y Perú, se busca también acercar posturas y alcanzar una posición unificada de protección a las especies de la zona.

Articular posiciones es la única forma de obtener normas que rijan a nivel global, advierte Baus, y de que se creen medidas de defensa válidas.

Por esto es que la Cancillería también tiene abierto un frente en la Convemar. Este instrumento establece la obligatoriedad de los países parte, incluidos China y Ecuador, de cooperar y acordar medidas de protección para las especies migratorias y transzonales.

Ecuador apunta a esto. Así como buscar la posibilidad de extender la plataforma continental más allá de las 200 millas de territorio marítimo, para cerrar el canal de aguas internacionales entre el mar ecuatoriano y la zona económica exclusiva de Galápagos Y evitar así el tránsito de flotas pesqueras por ahí.

Son al menos nueve instancias las que están trabajan en conjunto en toda la estrategia del país: la Cancillería, los ministerios de Defensa, Justicia, Ambiente, Interior y Acuacultura, el Instituto Oceanográfico, la Armada y su Dirección General de Intereses Marítimos.

Las primeras medidas tomadas, junto con otras entidades, fueron inmediatas. Los 20 tripulantes del barco Fu Yuan Yu Leng 999 fueron sentenciados a una pena de entre uno y cuatro años de prisión, y a pagar USD 5,9 millones por remediación. Transportaban 300 toneladas de pesca ilegal.

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