5 de March de 2010 00:00

La acción de protección

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Editorial Diario El Comercio

Dos casos que están en manos de la justicia y cuyos juicios se vieron interrumpidos por la ausencia de los acusados, Abdalá Bucaram y Alberto Dahik, vuelven a la palestra pública a propósito de los recursos que sus respectivos abogados llevan ante la Corte Constitucional.

Este semana se presentó una acción  extraordinaria de protección ante el alto tribunal. El abogado del ex vicepresidente Dahik busca dejar sin efecto el fallo del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco Dávila, en el cual ratificó el auto de llamamiento que se planteó en 1996 por parte del ex presidente de la Función Judicial, Carlos Solórzano.

Una audiencia con similares características se llevará a efecto después de dos semanas para conocer igual petitorio por parte de los abogados del ex presidente Bucaram, que afronta dos procesos por peculado.

En ambos casos, una Corte Suprema cuestionada, conocida como la ‘Pichi Corte’, había anulado dichos fallos, facilitó un fugaz retorno de ambos personajes, acarreó una crisis política que terminó con la caída del  presidente Lucio Gutiérrez y una crisis institucional que mantuvo al país en vilo y sin Corte Suprema  por un año.

Cuando se debatían los temas relativos a los derechos de las personas y se hacía relación de los procesos que en el nuevo escenario podrían suscitarse, muchas voces advirtieron los peligros que las normas acarrearían, máxime si un organismo como la Corte Constitucional -autoprorrogada en este caso- podía ser presa de interferencias políticas y modificar los fallos de la justicia.

La seguridad jurídica parece estar en peligro, peor aún si estos recursos se interponen cuando los procesos están en curso, y suspendidos solo por la ausencia de los sindicados.

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