28 de diciembre de 2017 00:00

Abusos contra niños desatan severas secuelas familiares

Los niños que han sido abusados sexualmente reciben terapias de expresión gráfica. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

Los niños que han sido abusados sexualmente reciben terapias de expresión gráfica. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

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Elena Paucar

Se arrodillaron en la sala de espera de la Unidad Judicial Penal Norte 2, en Guayaquil. En medio del ajetreo por las más de 20 audiencias de esa mañana, un grupo de amigos y familiares de Daniela decidió hacer una oración para pedir justicia.

Dentro, su mamá la representaba en una audiencia de juzgamiento por un caso de abuso sexual. El 30 de abril del 2016, la pequeña confesó que el esposo de su tía le tocaba los genitales casi a diario.

En la diligencia, que esperaban fuera el final del caso, la madre de Daniela fue dispuesta a no llorar. Pero no lo logró al relatar a los jueces el trauma que aún sufre su hija de 8 años. La mujer cursa el octavo mes de gestación y la desesperación por alcanzar una sentencia condenatoria para el agresor ha afectado su embarazo.

Una salud quebrantada, la separación de sus hijos por las continuas diligencias, la pérdida de empleo y la falta de defensa golpean a las familias afectadas por delitos sexuales contra menores. Son procesos judiciales que pueden durar dos y hasta tres años.

Paola Andrade, directora de la ONG Ecuador, dice no más, los procesos desgastan a la familia porque el sistema legal trata los casos de abuso como cualquier otro delito. Por eso propone aplicar un modelo multidisciplinario, en un solo lugar y en el que los afectados no tengan que repetir una y otra vez sus testimonios.

A Daniela la entretenían con un celular, en el sofá de la casa de su abuela, mientras ella descansaba en una habitación cercana. Todo ocurría delante de la tía de niña y esposa del agresor, quien no pudo ayudarla, porque es no vidente.

Andrea es otro caso. Vivió la pesadilla del abuso sexual en la escuela. Ella lo confesó a sus padres y de inmediato viajaron dos horas desde Balzar (Guayas) a la Fiscalía, en Guayaquil.

Llegaron con los últimos USD 20 que tenían para formalizar la denuncia contra el profesor del plantel público donde estudia la niña de 9 años. “Ella nos dijo que la tocaba, pero no sabemos qué más le hizo”, contó el padre.

Sin abogado ni una guía, deambularon por otras dos horas por las escaleras de la Fiscalía. Tocaron puertas, recibieron indicaciones contradictorias en varias ocasiones y hasta se topaban continuamente con el abogado del acusado; ellos no sabían dónde ubicar al médico que evaluaría a la niña.

Jackeline Veira es abogada del Centro para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y recalca que ha vivido de cerca estos casos. Ella cree que hace falta activar mecanismos de protección para los niños y sus familias. Se refiere a dar una guía clara, facilitar el acercamiento a los defensores públicos y a garantizar un acompañamiento psicológico.

Tal vez así, piensa, las estadísticas de denuncias se equipararían con las de sentencias. Desde el 2015, la Fiscalía contabilizó 4 934 denuncias y 1 653 casos fueron resueltos, según el Consejo de la Judicatura. Unicef calcula que el 15% de las agresiones sexuales se denuncia; el 5,3% se sanciona.

La Fiscalía anunció la creación de una unidad permanente de coordinación, seguimiento y apoyo a la indagación de delitos contra menores.

La entidad señaló que se necesitan USD 5,2 millones para contratar más personal técnico -como psicólogos, médicos y trabajadores sociales-, para mejorar la atención de estos casos, que cada año suman más de 5 000 pericias sobre niños, niñas y adolescentes.

Dos meses después de que se denunciara a un grupo de profesores de una escuela pública del norte de Guayaquil, siete pequeños fueron citados para dar su versión en la cámara de Gesell. Allí usaron muñecos para narrar cómo cuatro maestros los amarraban para cometer el abuso en un baño y cómo los obligaban a sacarse la ropa para fotografiarlos.

Para que todos lleguen a la diligencia y que el proceso avance, una madre tuvo que prestar dinero a otros padres para la movilización. Algunos perdieron sus empleos por las continuas comparecencias, ante varias instituciones.

La madre que descubrió el delito ha tenido que pagar a personas que le reemplacen en su trabajo. Así ha podido seguir el caso de su hijo.

En Guayaquil, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos trabaja en una ruta que articule los dispersos protocolos de atención. Por ahora han agrupado en una mesa técnica a representantes de la Dinapen, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y de los ministerios de Inclusión Social y Salud. “La idea es detectar los nudos críticos y en qué se está fallando”, explica José Manuel Portugal, secretario del consejo.

La audiencia por el caso de Daniela se suspendió. Ese día, ni la médico perito de la Fiscalía ni la psicóloga que la evaluó llegaron. Tentativamente se retomará a inicios de febrero, cuando la pequeña ya tendría un hermanito.

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