13 de marzo de 2018 16:15

Caso de abuso a escolares en Guayaquil llega a audiencia preparatoria de juicio el 15 de marzo del 2018

Una niño acudió con su madre a la Fscalía para denunciar un presunto caso de abuso infantil en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes/EL COMERCIO

Según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la violación contra menores de 10 años de edad se sanciona con hasta 22 años de pena privativa de libertad. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Elena Paucar

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Después de cinco meses de investigaciones, el caso de abuso sexual contra un grupo de escolares, en un colegio público del norte de Guayaquil, llega a la audiencia preparatoria de juicio.

La diligencia está prevista para las 15:00 de este jueves, 15 de marzo del 2018, en Unidad Judicial Penal Norte 2 del Albán Borja.

El caso fue denunciado por un grupo de padres a inicios de octubre del 2017. Cuatro pequeños, de entre 7 y 8 años de edad, confesaron a sus familiares que un grupo de maestros de colegio supuestamente los acorralaba en los baños del plantel.

Los niños contaron que los amarraban, golpeaban y obligaban a quitarse los uniformes para cometer el abuso. Luego eran fotografiados y filmados. En sus testimonios revelaron que fueron amenazados para regresar a diario a los baños.

Celeste (nombre protegido) es la madre de uno de los niños. El pequeño continúa en terapias sicológicas y ella dice que ha pensado en dejar su trabajo para dedicarse por completo a la recuperación del menor de sus hijos.

“Estoy un poco tranquila porque el caso ha avanzado relativamente rápido. Sé que otros casos han tomado dos y hasta tres años”, dijo.

A inicios de febrero del 2018 concluyó la instrucción fiscal. La audiencia de este jueves será dirigida por la jueza Fabiola Vega. En la diligencia se conocerá el dictamen del fiscal César Peña, quien comenzó las investigaciones contra dos de los presuntos abusadores, bajo el delito de violación.

Según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la violación contra menores de 10 años de edad se sanciona con hasta 22 años de pena privativa de libertad.

Stives Reyes, abogado de los padres, dijo que además presentaron cuatro acusaciones particulares. “En ellas exigimos daños y perjuicios, es parte de la reparación integral”.

El caso fue dividido. La indagación de Peña incluyó a Bryan M. Z., detenido en uno de los allanamientos a la escuela; y a Egry Xavier M. B., el docente que estuvo prófugo y que fue capturado a fines de enero pasado.

Otro fiscal de la Unidad de Garantías y Personas investigó la participación de Eduardo B. S. y Máximo M. M., los otros dos educadores detenidos el 13 de octubre del 2017 dentro del plantel.

El abogado Reyes indicó que esa instrucción ya fue cerrada. Hace dos semanas los dos maestros fueron llamados a juicio por el delito de tortura. La pena, en este caso, es de hasta 13 años de prisión según el COIP.

Una vez que concluyan estos juicios, el defensor indió que también presentarán acusaciones particulares contra las autoridades educativas señaladas en este caso. La exrectora del plantel, por ejemplo, es investigada por fraude procesal, debido a los impedimentos que hubo para los primeros allanamientos al plantel.

Luego de la audiencia del jueves, Celeste y los padres de los niños esperan reunirse con las autoridades del Ministerio de Educación. Los niños fueron reubicados en otros planteles para que continúen sus estudios y también les ofrecieron apoyo. “El año pasado dijeron que nos ayudarían con los útiles escolares y los uniformes. Pero aún no tenemos una respuesta y eso nos preocupa”.

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