7 de febrero de 2018 10:25

Abogados ecuatorianos se ofrecen para defender al Estado ante la Corte IDH

Raquel González (centro) presidió ayer la sesión del Pleno del Consejo de Participación. Asistieron cuatro de los siete miembros de la entidad. Foto: API

La CIDH pidió a la Corte que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Cpccs. Foto: API

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Adriana Noboa

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La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de los consejeros Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera García del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) generó reacciones esta miércoles, 7 de febrero de 2018.

En el documento del martes se pide que el organismo ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Cpccs y también de crear un Consejo Transitorio. Estos cambios son parte de lo propuesto en la consulta popular, en la pregunta tres, aprobada el domingo 4 de febrero en las urnas.

Frente a esto, varios abogados independientes como Ramiro García, del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro Ávila, de la Universidad Andina (UASB), Farith Simon y Juan Pablo Albán, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), ofrecieron públicamente su colaboración para defender al Estado.

García dijo que el pedido de la CIDH es jurídicamente posible, pero impresentable. Y recordó que la Corte IDH está sesionando esta semana en Costa Rica, por lo que podría otorgar la medidas prontamente, de aceptarlas. Explicó que la CIDH sí puede emitir por si sola medidas cautelares con carácter vinculante, como hizo en el caso El Universo. Pero calificó que, ahora que lo solicita a la Corte IDH, es una “buena lavada de manos”.

Además, criticó que esta solicitud de medidas “muestra claramente dos aspectos: Lenín Moreno no tiene servicio diplomático, especialmente en lo relacionado a organismos internacionales y, parte del que tiene ahora, sigue trabajando para el correísmo”.

A través de un comunicado de la Cancillería, el Gobierno señaló que “rechaza el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la CIDH que, a pesar de contar con la amplia y contundente información oficial del Estado ecuatoriano, se ha pronunciado únicamente a través de un boletín de prensa que contiene datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcializada y errónea del proceso democrático nacional”.


Asimismo enfatizaron que “el Gobierno de Ecuador defenderá su posición ante la Corte IDH con la total certeza de que ha actuado en estricto apego a la Constitución y a las leyes”. Para Albán es incomprensible e indefendible la decisión de la CIDH. “En lo personal considero un deber cívico poner a disposición del Estado ecuatoriano mis servicios para representarlo”, indicó.

Ávila agregó que también colaborará “en la defensa de los derechos de los ecuatorianos que votaron en la consulta popular”. Simon concuerda en defender “una decisión que no puede ser considerada contraria a las obligaciones del Ecuador en materia de derechos humanos”.

Daniela Salazar, abogada especialista en derechos humanos de la USFQ, señaló que espera que la CorteIDH corrija urgente este gravísimo error político y jurídico de la CIDH, ya que “esta decisión es indefendible, incluso para quienes servimos para la Comisión en el pasado”.

Algo similar resaltó la exrelatora especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de DD.HH., Catalina Botero. “Es sorprendente que la CIDH considere procedente esta solicitud. La comunidad de derechos humanos -a quienes les han negado cautelares y provisionales realmente urgentes- está alerta y trabajando. No están solos”, dijo.

Y se ofreció también en colaborar con la defensa de Ecuador, ya que señaló que “en la Corte IDH pueden tener tres votos de jueces más afectos a su ideología que al derecho interamericano. La pregunta es si otro juez concede esta absurda solicitud”.


Los antecedentes


Jarrín, Pauker y Vera, actuales integrantes del Cpccs, habían pedido que se detenga este proceso porque, a su criterio, estaba afectando sus derechos. El 28 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana recibió la solicitud con requerimiento de medidas provisionales a la Corte IDH.

“La información presentada se basó en la propuesta de referendo, que no contó con un pronunciamiento constitucional previo y que incluyó una pregunta sobre la terminación anticipada de sus cargos y la creación de un Consejo de Participación Transitorio conformado por siete miembros nombrados por la Asamblea de entre ternas enviadas por el Presidente”, dice un comunicado de la CIDH.

Este organismo identificó que la situación planteada por los consejeros podría “reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales”.


La Comisión subrayó que la Corte Interamericana podría valorar que el mecanismo de participación popular estaría siendo utilizado para evadir el procedimiento legal de destitución del actual Consejo de Participación Ciudadana. Y que se podrían considerar las “amplísimas” facultades que se le otorgan al Consejo de Transición que incluyen, entre otras, la posibilidad de nombrar a diversas autoridades de control.

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