Abogado del perito detenido en caso Odebrecht cuestiona a la Fiscalía

Agentes de la Policía allanaron el domicilio del perito la madrugada de este martes 25 de julio del 2017. Foto: Twitter Fiscalía

Agentes de la Policía allanaron el domicilio del perito la madrugada de este martes 25 de julio del 2017. Foto: Twitter Fiscalía

Agentes de la Policía allanaron el domicilio del perito la madrugada de este martes 25 de julio del 2017. Foto: Twitter Fiscalía

El abogado Luis Valladares dice que la Fiscalía ejerció presión sobre su cliente, el perito José Luis Fuentes, para que entregara rápido la transcripción de los audios relacionados con el caso Odebrecht.

El defensor aseguró que el agente hizo la experticia, pese a no haber estado acreditado para tal tarea. Al menos eso dijo la defensa la tarde de este miércoles 26 de julio del 2017.

El perito, un cabo primero de la Policía, fue detenido la madrugada de ayer, martes 25 de julio, en Quito, y actualmente permanece con prisión preventiva, acusado de posible fraude procesal.

Según la fiscal Claudia Romero, Fuentes incurrió en inconsistencias, al ocultar "deliberadamente" nombres que se mencionan en el audio del caso Odebrecht. Además dijo que el sospechoso supuestamente sustituyó el nombre de una persona que se escucha claramente en la grabación.

El mes pasado, al experto se le encargó la transcripción de uno de los audios que entregó el denominado Colaborador 1 de Odebrecht a la Fiscalía de Ecuador, en una memoria de 8 gigas.

Sin embargo, esta tarde, Valladares señaló que Fuentes "no fue acreditado para hacer la experticia". Y aclaró que la Fiscalía lo designó para tal tarea, por la ausencia del perito que previamente ya había sido nombrado.

"Fue al apuro, sin el nombramiento pertinente. Hicieron que, en ese momento, él ingrese a tomar posesión de una experticia que se realizó, desde ya, con plena violación del artículo 477 del COIP, que obligaba que para este tipo de experticias sean dos peritos", sostuvo Valladares.

El abogado también señaló que Fuentes podría ser trasladado a la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi. Y responsabilizó al Estado de cualquier atentado que pudiera recibir su cliente en ese centro de rehabilitación.

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