8 de febrero de 2018 12:44

Aampetra entregará informe sobre casos de abuso sexual en planteles en agosto

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Valeria Heredia
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La Comisión Ocasional Aampetra, que investiga los casos de abusos sexuales en el sistema educativo, definió un cronograma de trabajo para la entrega de su informe final. El documento se tratará en tres partes hasta agosto del 2018.

La hoja de ruta se definió el miércoles 9 de febrero del 2018 en las instalaciones del Legislativo. En este espacio se aprobaron tres puntos.

Entre abril y mayo se revisarán y aprobarán las recomendaciones para las instituciones públicas como la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), las juntas de protección de derechos, la Fiscalía, el Ministerio de Educación y otros. Los vacíos en normativas se los presentará entre mayo y junio del 2018.

Finalmente la propuesta integral de reforma legal para un sistema de protección para niños y adolescentes se presentará entre julio y agosto del 2018.

La idea es que ninguno de los casos se quede en la impunidad por vacíos legales. Así lo indicó la legisladora Amapola Naranjo, integrante de la Comisión Ocasional y proponente de esta metodología de trabajo, que tuvo acogida entre los legisladores.

“La Comisión termina su trabajo en agosto y debe identificar falencias, protocolos, procedimientos. Todo esto con el afán de señalar falencias y vacíos y proponer cambios urgentes en la normativa”.

En su propuesta, además, se elimina la conformación de subcomisiones. Estas no se lograron integrar en estos meses de trabajo. Ante ello, todos los legisladores revisarán 10 de los 41 casos en estudio. “Estamos contra el tiempo y es necesario avanzar”.

En ese espacio, los legisladores hicieron observaciones relacionadas con el documento. El asambleísta por Pichincha, Franklin Samaniego, de A. País, indicó que se deben incluir temas relacionados con la reparación integral de las víctimas de abuso sexual.

Sobre este tema, la asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado, socialista, expuso que la “reparación integral es un tema pendiente”, que está en manos del Estado.

En la reunión también se destacó el trabajo de las autoridades locales. El legislador Juan Cárdenas, de A. País, explicó que hubo fallas de las autoridades locales, ya que permitieron el funcionamiento de planteles educativos, en los que se cometieron estos delitos.

Los casos registrados no solo se han dado en instituciones fiscales sino en particulares. Ante eso, la legisladora Encarnación Duchi, de Pachakutik, sostuvo que es necesario que el Ministerio de Educación haga un seguimiento en planteles privados.

La legisladora Salgado también indicó que el informe debe ser pulido en aspectos técnicos y de redacción.

En la línea de proteger a los alumnos, el Ministerio de Educación ha realizado una serie de acciones para erradicar los casos de abusos sexuales en las aulas de clase, desde que el año anterior se conoció de los delitos.

Con la campaña “Más Unidos, Más Protegidos” busca construir espacios seguros y libres de violencia. La idea es que los chicos entiendan la importancia de defender sus derechos. Se han realizado conciertos y charlas.

La cartera de Estado, además, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para brindar un servicio especializado a las víctimas de abuso y generar estrategias vinculantes para definir un presupuesto. En definitiva, los ejes planteados son: transparencia de información, restitución de derechos, acompañamiento psicológico y generación de sanciones.

El ministro de Educación, Fander Falconí, también, entregó en Fiscalía denuncias sobre supuestos casos de abusos sexuales. Estos estaban archivados y se busca su investigación. La cuarta y última entrega fue un paquete de 75 sumarios administrativos. Se lo hizo en enero del 2018. Con ello se dispuso la suspensión temporal de docentes de los que se presume pudieran haber cometido este tipo de delitos.

El año anterior fueron cerca de 181 sumarios administrativos entregados a las autoridades.

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