23 de January de 2010 00:00

67 días para liquidar 5 entidades

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Redacción Negocios
negocios@elcomercio.com

Hasta el 31 de marzo deberá estar concluida la liquidación de cinco entidades quebradas. Este plazo lo  fijó la Junta Bancaria (JB)  el pasado 13 de enero.

Hasta esa fecha Filanbanco, Progreso, Mutualista Benalcázar, Tecfinsa y Banco de los Andes deberán transferir todos sus activos al Banco Central del Ecuador.

Gastón Bolaños, presidente de la Veeduría que vigila la liquidación, señaló que no habrá razón técnica ni legal para que se incumpla este plazo.

Pero para que este proceso se cierre  de forma definitiva, los liquidadores deberán acelerar los temas pendientes (ver cuadros).
Mientras estas entidades culminan su liquidación, el Banco Central debe agilitar todos los procesos técnicos y legales para recuperar los recursos posibles y así  pagar a los acreedores.
 
De acuerdo con la información entregada por cada institución a la Veeduría, se calculó que están pendientes de pago USD 201,6 millones a los perjudicados.

Dentro de este proceso, la Secretaría de los Pueblos también recibió la documentación de todos los gerentes, administradores temporales y demás funcionarios que actuaron durante los 10 años que tomó este capítulo de las crisis financiera de 1998-2000. 

Esta institución solicitará auditorías de los períodos en que cada uno  de estos funcionarios actuaron.   Según el conteo que realizó la Veeduría,  más de 200 personas fueron responsables del saneamiento y liquidación.
 
Pero un gran número de funcionarios estuvieron en varios períodos, por ejemplo, la ex liquidadora del Filanbanco, Soraya Bajaña,  y  la actual superintendenta de Bancos, Gloria Sabando.

Las cuentas de Filanbanco no cuadran 

Para que Filanbanco cierre sus puertas falta   documentar las empresas que tiene, como Previfondos, Previbienes y Previasesoría, según la 
  
Está en proceso la transferencia al Estado de  Filanbanco Internacional y el  levantamiento de   medidas cautelares a bienes  valorados en USD  11,3 millones para que se vendan.

En estos últimos activos no se incluyen las empresas y paquetes accionarios  embargados por la desaparecida  Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Estos activos forman parte del fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, que  hasta hoy no se venden. El último comunicado de la CFN del 28 de diciembre señala que la presentación de ofertas para la adquisición de estos bienes se recibirá hasta  el 29 de este mes.
 
Con la venta de estas empresas se prevén recuperar   USD 600 millones y con esto quedaría cubierta parte de la deuda de los ex accionistas, los hermanos Isaías.  Pero, según  el informe emitido por la AGD, la deuda asciende a  USD 777,8  millones, cifra que es rechazada por los abogados de los Isaías. 

Este banco, además, arrastra una deuda con los acreedores de USD 28,4 millones.

 Categ y Cofiec, los pendientes del Progreso

El principal problema del Progreso  son las acciones que tiene de la Compañía Financiera  de Desarrollo (Cofiec) y de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ).

Estas acciones nunca fueron transferidas al banco, por lo que la liquidadora Hulda de la Torre no ha podido  registrar en los balances financieros.
Según el presidente de la Veeduría, Gastón Bolaños, estas acciones suman  USD 500 millones, lo cual tendría un gran impacto en el hueco patrimonial registrado hasta diciembre  pasado de USD 1 041  millones.

El ex accionista Fernando Aspiazu  ha  pedido un cruce de cuentas, pero hasta ahora no se conoce oficialmente una conciliación.
 
Otro pendiente que identificó la Veeduría es que hace un año se creó una entidad a la que se llamó Banco del Progreso II, con el fin de que este pague a los acreedores, pero no cumplió con este objetivo.

Actualmente, a decir de Bolaños,  se nombró a un liquidador para que la cierre este mes. 

Esta entidad financiera mantiene pendiente el pago, de USD 8,5 millones,  a las familias perjudicadas en la crisis.

Proyectos de la Benalcázar, sin inversor 

La Mutualista Benalcázar está en negociaciones para que el Seguro Social asuma siete proyectos inmobiliarios que tienen un avance del 35% de construcción hasta ahora.

La terminación de estos proyectos está calculada en unos USD 30 millones, según explicó Eduardo Almeida, miembro de la Junta de Acreedores.

También existe la posibilidad de que el Seguro se haga cargo de otros bienes, como terrenos, departamentos, casas con un avance del 98%, que no han podido ser enajenados. 

Si no se le asignan estos proyectos al IESS, la alternativa será empezar a negociar con los acreedores jurídicos privados y públicos para que asuman estos bienes y se pueda pagar a las personas naturales.

 Almeida explicó que este lunes tendrán una reunión en la que conocerán cuál es la propuesta definitiva del Seguro.
 
De esta manera se busca dar una respuesta no solo a quienes tenían ahorros sino también a quienes venían pagando por un bien inmueble.  La deuda pendiente con las personas naturales es de USD 5,1 millones y al resto (públicos y privados) se les adeudan  unos USD 46 millones, según Almeida.

El único bien de  B. de los  Andes,  embargado

La liquidación del Banco de los Andes sigue entrampada en un pedido que por meses han hecho los acreedores: el levantamiento de las medidas cautelares al único bien del banco.

Se trata de una hacienda valorada en USD 4 millones y que fue embargada por el Seguro Social. Hasta ayer, Felipe Balladares, presidente de la Junta de Acreedores, indicó que no se ha realizado dicho levantamiento.

Tampoco han recibido una respuesta estatal, sobre la condonación de las deudas inferiores a USD 1 000, que redujo su patrimonio en casi USD
1 200 000. “Es necesaria la compensación a tal medida, pues el Banco de los Andes en liquidación es una entidad anónima, que nunca fue acogida bajo el paraguas de la AGD o cualquier otra institución del Estado”, añadió Balladares.

La condonación de estas deudas fue aprobada  por la Asamblea Constituyente, en Montecristi.   Los acreedores también exigen acciones legales contra el ex dueño del Banco, Guillermo Dueñas, pues según dicen “todo se encuentra congelado en la Fiscalía”.  A 323 perjudicados de esta entidad  se les adeudan  USD 15,2 millones.
 

Tecfinsa, entrampada en líos  legales 

En la sociedad financiera Tecfinsa existe, según los veedores, un problema legal, ya que la entidad fue declarada en liquidación voluntaria cuando debió ser forzosa, pues estaba  en quiebra.

La Veeduría señaló que ya se elaboró el informe para emitir la resolución de liquidación forzosa y se espera la aprobación de la Junta Bancaria.
 
Esta entidad fue declarada en liquidación el 9 de abril de 2002. La Superintendencia de Bancos envió la documentación del funcionario que determinó la liquidación voluntaria, para que sea enjuiciado.

Esta institución tiene un déficit patrimonial de USD 2,1 millones hasta diciembre pasado.

Sus activos apenas suman USD 610 664, los cuales deberán ser transferidos al Banco Central, al igual que el resto activos de los 28 bancos cerrados.  En tanto, los  pasivos registrados están en el orden de los USD  2,7 millones. Según las cifras publicadas por la Superintendencia, tiene obligaciones con el público por USD 430 607, al  cierre del año pasado.
  
Para la Veeduría no hay justificación para que esta entidad alargue más el tiempo para su liquidación.

 

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