28 de junio de 2014 19:48

El 63% de delitos cometidos en la Internet tiene una sanción penal

En el Palacio de Justicia. En el pasillo principal funcionan cinco computadoras táctiles para las consultas. En otras oficinas hay máquinas, pero dicen que son de recuerdo.

Las denuncias de delitos informáticos en el país aumentaron en tres años

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Sara Ortiz.  Redactora
ortizs@elcomercio.com
(I)

Para evitar ser víctima  de un ciberdelito es imprescindible tener un antivirus que proteja de códigos maliciosos o de los correos basura.

En los teléfonos inteligentes y tablets es recomendable tener una solución de seguridad que asegure la navegación web e impida la instalación de aplicaciones fraudulentas.

La clonación de perfiles en redes sociales sucede, en la mayoría, por descuido del usuario. Si abre su página personal en una computadora ajena asegúrese de no grabar las contraseñas. Cierre la sesión cuando termine de navegar.

Si encuentra que hay otro usuario con su nombre, foto, información personal denuncie de inmediato al administrador de la página.

Si a su correo le llega un mensaje en el le indican que debe actualizar los datos de su tarjeta de crédito, primero llame a su banco.

Si ya fue víctima de un  delito informático, denúncielo en la Policía.

Desde hace un año, Pamela Alcívar se pregunta una cosa: “¿Cómo consiguieron mis datos?” Si hace memoria recuerda dos páginas en la Internet en las que ingresó sus nombres, su número de cédula, cuenta bancaria y hasta escribió cual es su color favorito.

La primera era un sitio que ofrecía descuentos en productos de belleza; la segunda, un portal de venta online desde zapatos usados hasta autos.

“Creo que fue cuando compré un candelabro antiguo”. Lo único cierto es que la persona que usó su información le endeudó en USD 4 500.

Para el experto colombiano en ciberdelitos, Daniel Peña Valenzuela, el robo o usurpación de identidad por medios informáticos es una modalidad en las decenas que existen.

Según explica en una entrevista por correo electrónico desde Bogotá, hay tres formas más comunes. La primera modalidad, la menos denunciada y más fácil de cometer, es cuando otra persona se hace pasar por la víctima para desprestigiarla. “No se necesita ser experto, solo conocimiento arriba del promedio de la informática”, indica un fiscal que investiga estos casos. Él prefiere que su nombre no se publique.

De este tipo de delito fue víctima Shirley A., de 26 años. “Me bloquearon mi cuenta de Facebook y luego vi que alguien publicaba comentarios ofensivos y subía fotos en mi nombre”.

La joven tuvo que enviar mensajes de texto, llamar por teléfono y redactar correos a sus contactos explicando que no era la autora de frases racistas y, menos, quien insulta a otras personas en la red.

sar de que hace ocho meses presentó la denuncia y se inició una investigación en la Fiscalía de Soluciones Rápidas, en Quito, aún no sabe quién fue. “Sospecho de unos enemigos”. Ella se resignó a cerrar su perfil.

De este tipo de delito también fue víctima el conocido actor comediante Carlos Michelena. En mayo del 2013, la hija del humorista denunció que un desconocido había creado una cuenta en Twitter con el nombre de su padre desde la que escribían comentarios polémicos e injurias.

“Lo único que tengo es teléfono fijo, no tengo celular ni manejo la computadora. A mí nadie me tuitea, solo me tutean”, dijo en ese tiempo el humorista callejero. Cuando logró que el perfil falso se cerrara, este tenía más de 18 000 seguidores.

“Las personas denuncian solo cuando, por culpa de ese desconocido, se meten en problemas”, explica el Fiscal.

Lo que parece una broma también puede esconder este ciberdelito. José P., de 29 años, reconoce que en diciembre pasado aprovechó que uno de sus amigos usó su computadora para grabar su contraseña de Facebook y para jugarle una mala pasada.

“Fingí ser él y anuncié que salía del clóset, que era gay”, dice. Ese mismo día puso fotos en las que se veía a personas del mismo sexo teniendo relaciones sexuales. Su amigo no tardó en darse cuenta quien era el autor. Desde entonces no se hablan. “Por suerte no me denunció, sino hasta hubiera perdido mi trabajo”, comenta.

La segunda modalidad se conoce como ‘phishing’ y se entiende como “morder el anzuelo”. Se produce cuando una persona recibe un correo electrónico en el que le indican que si no actualiza la información de su tarjeta de crédito en 24 horas será cancelada.

Así es como suplantaron la identidad de Sergio Figueroa, de 33 años. El quiteño cuenta que incluso, el correo que recibió indicaba que para mayor información podía llamar sin costo a su banco. Cuando se dio cuenta que lo habían timado, en febrero pasado, ya era tarde: alguien había consumido USD 1 200 de su tarjeta de crédito.

SecureShred, una organización no gubernamental de los Estados Unidos, estima que en un año 1,2 millones de usuarios de computadoras en ese país tuvieron pérdidas a causa del ‘phishing’. Aproximadamente USD 929 millones de perjuicio.

En Ecuador no hay datos ni estudios sobre la afectación económica. El único reporte es de la Dirección Nacional de la Policía Judicial y allí se indica que el año pasado 903 personas denunciaron que un desconocido se apropió de sus datos personales.

La tercera forma es cuando el ‘hacker’ clona una página institucional como de un banco o la Web de una compañía de comercio electrónico y cuando el usuario realiza alguna transacción sin saber que es falsa.

La protección legal

El nuevo Código Integral Penal, que estará vigente desde agosto próximo, incluyó esta clase de infracciones en su normativa. Allí se sanciona la revelación ilegal de base de datos, su interceptación, la transferencia electrónica de dinero obtenido de forma ilegal, el ataque a la integridad de sistemas informáticos y los accesos no consentidos a un sistema telemático o de telecomunicaciones.

En el caso de Pamela Alcívar, si se aplicara el nuevo Código Integral Penal y se descubriera a la persona que robó sus datos, este podría recibir una pena de uno a tres años de cárcel.

En el estudio Delitos Informáticos en Latinoamérica del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, publicado en el 2013, se explica que el nivel de sanción penal por esta clase de delitos en el Ecuador es del 63%. Esto en base a un análisis de las leyes promulgadas.

República Dominicana, por ejemplo, tiene desde el 2007 un 100% de cobertura legal. Este país posee una Ley Especial Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Allí se tipifica decenas de modalidades.

Además, incluye un capítulo dedicado al aspecto procesal penal y se creó un órgano encargado de la recepción de denuncias, investigación y persecución de estas infracciones.

Alcívar cree que en el país todavía hay un vacío en la ley: liberar de culpa a los perjudicados. “Así lo atrapen, ya no me sirve de nada, yo soy la que estoy pagando la deuda”, explica decepcionada.

El ‘hacker’ que se hizo pasar por ella compró por Internet dos celulares inteligentes, una memoria externa, una tablet, una televisión, almorzó en un restaurante costoso, adquirió un perfume masculino valorado en USD 198 y hasta compró la camiseta de fútbol. “Es un hombre, es obvio”, dice. Ahora, la joven tiene una deuda de USD 4 500.

En contexto

Hace 30 años se documentó en Reino Unido el primer caso de robo de identidad a través del número de seguro social. Desde entonces, este delito ha aumentado en el mundo de la mano del avance de la tecnología. En el país, del 2010 al 2013 subieron las denuncias.

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