4 de January de 2010 00:00

1 583 concesiones entrarán a evaluación

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Redacción Política

La Asamblea Nacional busca hacer una revisión integral a las 1 583 concesiones de frecuencias de radio y televisión, otorgadas en el país desde los años 90, antes de que entre en vigencia la  ley de Comunicación que se discute.



USD 1,7 millones adeudan los concesionarios de frecuencias al Estado   por el uso de ese recurso.Para tal efecto, la Legislatura pidió a la Contraloría General del Estado ampliar, a diciembre de este año, el informe de auditoría de frecuencias que efectuó al período 2003-2005.

Así lo dispuso el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, quien espera que la entidad de control abone con más información, dentro de todo este universo, sobre los contratos de frecuencias que se han suscrito ilícitamente, así como aquellos que presentan irregularidades.
 
Este proceso   de concesión   de frecuencias estuvo a cargo del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), entidad que fue absorbida, a su vez, por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y que ahora es parte del Ministerio de Telecomunicaciones.



El proceso
20 de  octubre  2008 
Entra en vigencia   la Constitución. Ahí se dispone la creación de una comisión especial que audite las frecuencias del espectro radioeléctrico.
20 de noviembre 2008
 Se creó la Comisión, integrada por Guillermo Navarro, Fernando Ortiz, Hugo Carrión, Francisco Ordóñez, Loly  Sevilla y José Ignacio López.  
18 de mayo de 2009 
La comisión especial presentó el informe final. Concluye que gran parte del espectro radioeléctrico se entregó a grupos económicos y políticos.
8 de diciembre  de 2009 
 El Conatel dispuso la  devolución  de siete frecuencias    concesionadas sin   informe favorable de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Aunque aún no hay datos definitivos, el informe de la Contraloría, por ejemplo, precisó -en el período 2003-2005- que se otorgaron 42 concesiones sin los debidos estudios de ingeniería. También se autorizaron 370 renovaciones   y hubo 31 cambios, entre estaciones de radio que operaban como matrices y se volvieron repetidoras, y viceversa.

Además, existen 127 contratos que se acogieron a la figura de la concesión-devolución de frecuencias, creada por el Conartel (ver nota adjunta).

El contralor Carlos Pólit aseguró también que de estos 1 583 contratos de concesión se reportaron ante el Conartel 127 casos, cuyas autorizaciones de instalación y operación “para ser legalizadas, no suscribieron los correspondientes contratos”.

A la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) llegaron 93 carpetas con este mismo historial. 

Toda esa información, que la Legislatura busca detallar y profundizar, es requerida en el sexto punto del acuerdo político que, sobre la ley de Comunicación, alcanzaron las fuerzas políticas de la Asamblea  Nacional.  El mencionado punto 6 del acuerdo sugiere un replanteamiento total en la repartición del espectro radioeléctrico y la reversión de frecuencias.

Pólit indicó que el pedido de ampliación de su informe a diciembre de este año se efectuará con un examen especial de datos. “El Conatel, después de las recomendaciones e investigaciones de nuestro reporte,  tiene un archivo rápido y ordenado de toda esta información”. Este proceso de análisis duraría  cuatro meses.

El informe de la comisión auditora

Pese a que el informe de Contraloría es vinculante y obligatorio, también se tomará en cuenta el que preparó la Comisión de Auditoría de Frecuencias, dispuesto por la Constitución, y que abarcó el período (1995-2008). “Los dos documentos son iguales en cuanto a datos estadísticos”, dijo Cordero. No obstante, este último no será actualizado.

El  reporte  señala que la mayor parte del espectro radioeléctrico fue  repartida  a grupos políticos económicos. Los casos  son: Luis Mejía, ex prefecto de Imbabura; Roosevelt Icaza, ex diputado por Cotopaxi;  Hólger Velasteguí, ex alcalde de Santo Domingo; Richard Guillén, diputado en varios períodos; Amílcar Mantilla, ex alcalde de Pedro Moncayo; María E. Lima, militante del MPD; Enrique Gallegos, ex candidato a alcalde de Quito; Mario Canessa, ex ministro de   Lucio Gutiérrez,  y Jorge Montero, ex diputado.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea también analizará estos casos. Su presidenta, Silvia Salgado (Alianza País), indicó que el primer paso del proceso será convocar al ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glas, para que rinda cuentas sobre los reportes de frecuencias. “Lo importante es saber las acciones que tomaron luego de emitir los resultados y conocer, obviamente, si están sujetas al control político de las autoridades inmiscuidas en ese tema”, comentó.
 
Ese trámite incluye el análisis del proceso de terminación y cancelación de contratos de frecuencias  iniciado por el Conatel -el pasado 8 de diciembre- a siete radioemisoras que obtuvieron la concesión sin contar con los informes de la Suptel. Las estaciones inmiscuidas en ese proceso tienen 30 días para presentar sus pruebas de descargo.

127 frecuencias se vendieron

Según Fernando Bucheli, ex presidente del Conartel, uno de los elementos que ha  permitido el traspaso ilegal de concesiones es la utilización del mecanismo devolución-concesión.
La figura se aplica cuando el administrador de una frecuencia quiere  vender los equipos de su estación radial. Durante el trámite, no solo se venden  los equipos, sino que  la frecuencia también cambia de dueño, por un valor superior al que debería pagarse. 

Esta figura se creó luego de que en  la Constitución de 1998 se prohibiera la transferencia de las concesiones del espectro radioeléctrico y cualquier forma de acaparamiento directo o indirecto por parte del Estado o particulares de las frecuencias.  Por eso, la venta de concesiones bajo el mecanismo de devolución-concesión resulta ilegal,   según  Bucheli.

Según la Comisión de Auditoría, 133 frecuencias de radio y televisión fueron vendidas entre 1995 y 2008 por el mecanismo de devolución-concesión. De esta cifra, 127 se efectuaron entre   2003 y 2005, tal y como lo señala el informe de la Contraloría del Estado.

Guillermo Navarro, ex presidente  de la Comisión de Auditoría de Frecuencias , asegura que la propiedad y el dominio del mercado han determinado la distribución del espectro radioeléctrico. Desde esa perspectiva, dicha Comisión,  a más de revisar el espectro radioeléctrico,  también buscó las cercanías existentes entre el sistema financiero y determinados medios.

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