25 de julio de 2015 19:32

481 interceptaciones telefónicas en 20 meses

Cinco policías, rastreados desde febrero del 2014, fueron dados de baja siete meses después. Foto: Cortesía del Ministerio del Interior.

Cinco policías, rastreados desde febrero del 2014, fueron dados de baja siete meses después. Foto: Cortesía del Ministerio del Interior.

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Diego Bravo

Los celulares de los cinco policías fueron ‘pinchados’ en febrero del 2014. Inteligencia interceptó las llamadas que hacían y descubrió que ellos colaboraban con una red delictiva que traficaba drogas desde el aeropuerto de Quito.

En las conversaciones, los gendarmes se comunicaban con un hombre que les daba instrucciones sobre los cargamentos ilegales que iban a salir del país.

El sospechoso también les preguntaba sobre cómo eran los movimientos en los controles antidrogas y si podían ayudar a vulnerarlos. 
Cuando habla de la complejidad para reclutar personal que permita el paso de la carga un policía dice esto: “nada amigo, están puros nuevos en esa cosa (controles antidrogas); no me jalo con nadie; no se dejan reclutar…”.

Los gendarmes fueron apresados siete meses después de esas investigaciones y fueron separados de la institución.
Las escuchas telefónicas se regularon hace tres años con el Reglamento al Sistema de Vigilancia Técnica. En el documento se habla de que las acciones de ese tipo se realizan solo en indagación previa, a petición de un fiscal y con la autorización de un juez.

Desde el 17 de diciembre del 2013 hasta hoy, en el país la Fiscalía ha realizado 481 interceptaciones con las autorizaciones judiciales. Todas relacionadas con homicidios, asesinatos, trata y tráfico de personas, lavado de activos, asociación ilícita, cohecho, concusión, plagio, robo agravado, extorsión y narcotráfico.
Con la información captada, los jueces sentenciaron en este mes a un año de cárcel a 12 personas que pertenecían a una banda que se dedicaba al robo de mercadería y accesorios de vehículos en el norte y sur de Quito.

La Fiscalía presentó los seguimientos, vigilancias, interceptación de comunicaciones telefónicas y pericias de audio y video en las que aparecen los procesados cuando asaltaban a un camión que transportaba piezas de carros, en febrero del 2015.

A finales de mayo, los agentes también desmantelaron una red de sicarios que ofrecía sus servicios por Internet. En el operativo fueron apresados dos hombres, de 33 y 28 años. 
El coronel Víctor Aráuz, comandante de la Dinased en Guayaquil, reveló que se hizo un seguimiento para identificar las llamadas telefónicas y verificar “que se realizaron transacciones bancarias como pago por lo que se tenía previsto realizar (un asesinato)”.

Se trataba del caso de una mujer de Otavalo (Imbabura) que supuestamente contrató a dos armados para asesinar a otra en el Puerto Principal. 
Al momento de la detención se confirmó que los números telefónicos que constaban en la página de Internet, en donde se promovía el sicariato, eran los mismos que portaban los detenidos.

Este caso continúa en investigación para verificar si los sospechosos han provocado otras muertes.
 La Unidad de la Fiscalía que funciona en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) se encarga de interceptar las llamadas telefónicas para obtener información dentro en un proceso penal.

Utiliza el Sistema de Interceptación de Comunicaciones o Datos Informáticos (Sicom) y así se puede realizar interceptaciones de voz y de mensajes de texto de celulares utilizados en algún delito.
Luego, los datos recopilados son remitidos a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional y la Policía para que inicien las indagaciones de las agrupaciones delictivas.


En otra investigación, una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual fue descubierta en Quito y se analizaron las comunicaciones del grupo delictivo que se dedicaba a esa actividad.

En las llamadas telefónicas, los agentes descubrieron que las víctimas eran engañadas con que iban a trabajar en restaurantes de Ecuador. Pero al llegar las explotaban sexualmente en centros nocturnos. 
En una conversación se escucha cómo un hombre menciona el caso de una chica que era llevada a un burdel para “laborar”. “…muchacha está trabajando en el local que les llevo personalmente...”.

En abril de este año, 11 personas fueron sentenciadas como autores y a uno como cómplice en este caso. Ellos deberán cumplir una pena de 5 y 10 años de prisión. Como pruebas, la Fiscalía presentó otras escuchas de llamadas y se comprobó que a las víctimas les ofrecían viajar a Estados Unidos si es que entregaban USD 15 000 al grupo criminal.


En contexto
El 18 de enero de 2012, el Consejo Directivo de la PJ firmó la resolución para expedir el Reglamento para la implementación y funcionamiento del sistema de vigilancia electrónica. Firmaron la Fiscalía General del Estado y los ministerios del Interior y Justicia.

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