40 años de cárcel a un aliado de los ‘paras’

Santiago Zeas B. Corresponsal en Bogotá

La  Justicia colombiana marcó un precedente histórico en el juzgamiento  de la alianza entre  líderes políticos con grupos paramilitares, conocida aquí como ‘parapolítica’.

La Corte Suprema  condenó a 40 años de prisión a Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre. ¿La causa? Sus vínculos con paramilitares, con quienes planificó y ejecutó el asesinato de un alcalde en 2003.

Aunque en casos anteriores ya se había condenado a otros dirigentes por  sus nexos con los ‘paras’, esta la primera vez que la Corte relaciona la ‘parapolítica’ con delitos de lesa humanidad. Específicamente por el crimen de Eudaldo Díaz, entonces alcalde del poblado de El Roble.

Según la sentencia de la Corte, Arana, “a través de miembros del grupo paramilitar dominante en la zona, logró que el 5 de abril de 2003, retuvieran a Díaz”, cuyo cadáver apareció cinco días después. En el proceso se probó que Arana –quien se declara inocente- dispuso al ex jefe paramilitar Rodrigo Peluffo alias ‘Cadena’ el plagio y posterior muerte del entonces alcalde Díaz, miembro del izquierdista Polo Democrático, quien cuestionaba su manejo de la Gobernación de Sucre.

Hasta antes de esa sentencia, los  políticos juzgados habían recibido condenas de hasta siete años, pues solo se había probado su ayuda o colaboración a ‘paras’. Sin embargo,  no se había juzgado su participación directa en crímenes de lesa humanidad. Este tipo de delitos incluye  penas de hasta 60 años de cárcel.

Uno de los episodios que mayor impacto generó el caso de Díaz  se registró un mes antes de su asesinato. En marzo de 2003 el Alcalde denunció al propio presidente Álvaro Uribe sobre las amenazas en su contra durante un consejo comunal (reunión de gabinete), sin que el atentado se haya logrado desactivar. Incluso, días antes de ser secuestrado y asesinado, Díaz pidió a su familia que, en caso de un atentado en su contra, denunciara al  gobernador Arana.

No obstante, solo en noviembre del 2005, a raíz de declaraciones de ‘paras’ desmovilizados, se iniciaron las investigaciones contra Arana. Para entonces había dejado de ser gobernador y  había renunciado a sus funciones diplomáticas en la Embajada de Colombia en Chile. Para este último cargo fue nombrado por Uribe.

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