2 de October de 2014 20:13

39 de 60 procesados por caso Mejía quedan en libertad hoy

Los familiares de los jóvenes que llegaron a la Unidad de Flagrancias dijeron que ayunarán por la libertad de sus parientes. Foto: EL COMERCIO

Los familiares de los jóvenes que llegaron a la Unidad de Flagrancias dijeron que ayunarán por la libertad de sus parientes. Foto: EL COMERCIO

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Diego Bravo.  Redactor

Bajaron las pancartas por unos segundos y los padres de los 60 jóvenes investigados por las protestas del 18 de septiembre pasado se vieron las caras.

Lloraron al conocer que ayer la jueza Daniela Mayorga les negó la fianza para sus hijos.

La magistrada dijo que esta figura no procede cuando las víctimas de un delito son niños, adolescentes, personas de la tercera edad o con discapacidad. Según la Jueza, los daños causados a la luz de un semáforo, a un patrullero, dos veredas y vidrios de viviendas habrían provocado la paralización de transporte “que lo utilizan niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad”.

Por eso rechazó el pedido. Mientras esto sucedía adentro, en las afueras de la Unidad de Flagrancia, en el centro de Quito, se concentraron cerca de 120 personas, entre parientes y alumnos del Colegio Mejía para seguir de cerca la audiencia de juzgamiento, que comenzó a las 08:25, tras negar la fianza.

Al principio, los padres se sentían optimistas y creían que los chicos saldrían libres. Pero su preocupación se incrementaba conforme avanzaba la diligencia. En la tarde recibieron otra noticia: el fiscal Javier Bosquez detalló el supuesto grado de participación que habrían tenido los 60 jóvenes durante las protestas por un supuesto incremento de pasajes. A 16 los acusó como posibles autores de daños a los bienes ajenos, a 38 como presuntos cómplices y se abstuvo de acusar a seis.

La Fiscalía los inculpó con base en el art. 204 del nuevo Código Integral Penal, que está vigente desde el 10 de agosto. “La persona que destruya o inutilice un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses”, dice la ley. Pero, el castigo puede ser de hasta tres años si el daño provocado paraliza servicios públicos o privados.

Cuando los defensores leyeron la lista de los acusados, el ambiente se tornó más tenso.

Se escucharon gritos y llanto. “Si sale uno salen todos”, fue la exclamación de familiares.

Los papás dijeron que sus hijos fueron maltratados y que debían salir libres. El Ministerio de Justicia aclaró que no hubo agresiones. “Las denuncias de tortura no tienen fundamento”. Con base en una evaluación de la Cruz Roja, las autoridades dijeron que el grupo no presenta daños físicos.

Tras la valoración médica inicial, la semana pasada ocho de ellos fueron trasladados al Hospital Eugenio Espejo.

Esto, para extender la revisión. Luego de realizar radiografías, los detenidos retornaron al centro de reclusión, pues “no necesitaron ningún tratamiento médico adicional”, dijo el Ministerio del Interior.

Esta Secretaría de Estado negó que agentes hayan maltratado a los jóvenes en la protesta.

Las autoridades incluso difundieron videos en los cuales un joven agradecía por el buen trato recibido durante su permanencia en el CDP.

Mientras transcurría la diligencia por la tarde, el ministro José Serrano señaló en su cuenta de Twitter que cinco chicos procesados solicitaron acogerse al procedimiento abreviado.
Eso implica que “reconocen el cometimiento de un delito, la impunidad ya es parte del pasado, veamos ahora cómo manipulan los mismos de siempre”, sostuvo el funcionario.

De hecho, ya en la noche, la defensa llegó a un acuerdo con el fiscal Bosquez: someterse a un procedimiento abreviado.

Esto significa que aceptaron los cargos a cambio de penas leves. Luego del acuerdo entre las partes, la jueza Mayorga tomó la siguiente resolución para los 60: dos meses de cárcel para cuatro. Para 11, que no se acogieron al procedimiento abreviado, la diligencia sigue hoy. Seis no fueron acusados por la Fiscalía y 39 quedarán libres esta mañana, pero deberán cumplir trabajos comunitarios de uno a dos meses.

En las afueras de Flagrancias, los padres recibieron la noticia con expectativa. Sobre la marcha se organizaron para acudir a la diligencia de los chicos que aún no resuelven su situación.
Otros, en cambio, se preparaban para recibir a sus hijo. Un padre de familia dijo estar contento por la decisión que se había tomado al interior de la Unidad de Flagrancia.

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