21 de December de 2009 00:00

323 clientes del Banco de los Andes no pueden cobrar USD 15,2 millones

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Redacción Negocios

Luego de ocho meses de colocar los ahorros de toda su vida en una póliza del Banco de los Andes, la entidad cerró. Desde el 7 de diciembre de 2006, cuando  se declaró en liquidación al banco,  Bertha de Reina solo ha podido recuperar USD 8 000 de  50 000 que tenía.



2 911 deudores del  Banco de los Andes  quedaron libres de las deudas por resolución de  la Asamblea.“Hemos ido a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), a la Superintendencia de Bancos (SBS) y  no pasa nada”.
Ella, junto con otros 322 acreedores, en su mayoría personas de la tercera edad, exige la devolución de USD 15,2 millones.

En los últimos tres años, la Junta de Acreedores explicó que la AGD pagó USD 3,5  millones. Pero a cambio el banco entregó cartera de crédito por USD 2,8 millones más 1,3 millones en efectivo.

“La AGD no garantizó absolutamente nada, anticipó el pago y se quedó con una cartera que cubría el 166% de los valores pagados”, señaló Felipe Balladares, titular de la Junta de Acreedores.

Mediante cuatro oficios emitidos  desde el 21 de octubre de 2008,  el liquidador,  Patricio Torres,  solicitó  a la AGD que concilie estas cuentas con el banco para que se devuelva el excedente de cartera a la entidad financiera,  que asciende a unos USD 600 000.

Incluso Torres, en uno de los oficios, señaló que hace este pedido porque la cartera entregada se “sigue deteriorando por la falta de gestión, lo que es un factor negativo para su recuperación” y esto perjudica al banco.

Frente a la demora de la AGD en  arreglar las cuentas con el liquidador, la Junta de Acreedores pidió a esta entidad el pago de sus ahorros con el excedente de cartera. Pero el 24 de agosto pasado la entidad  respondió “que es al mismo banco al que se debe requerir el pago”.

La falta de liquidez de la institución se agravó por el embargo que mantiene el Seguro Social   a la hacienda Ancholag (Cayambe), principal activo de la entidad y   que aún no ha sido rematada.

Con indignación, Balladares y Bertha de Reina cuentan que pese a que el Seguro  es un acreedor más y debía cobrar al final según el orden de prelación, fue el primer beneficiado. Se conoció que están en negociaciones para lograr un acuerdo con esta entidad.

A más de este activo, existe un bono de origen venezolano bajo custodia del Banco Central, que no ha podido ser negociado para recuperar las acreencias.
Finalmente, el 31 de diciembre de 2008, los acreedores recibieron otro revés. Por  la Ley de Seguridad Financiera, la Asamblea condonó las deudas  inferiores a USD 1 000 de las entidades financieras en liquidación.

Esto significó que 2911 clientes queden libres de pagar casi USD 1,2 millones de una cartera de crédito de más de 4,5 millones.

Frente a esta disposición, Torres consultó a la Superintendencia de Bancos la forma en que se debía compensar la disminución patrimonial, por efecto de la condonación. Pero   la Dirección de Entidades en Liquidación,  con  oficio DNESL-2009-170  ordenó que cumpla la disposición legal.

La cartera que sobró está catalogada como incobrable por no tener garantías de respaldo.

Al no tener ninguna solución a su situación, la Junta de Acreedores pidió una acción de protección al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, debido a que las acciones de las autoridades han “vulnerado y amenazado sus derechos constitucionales”.

En dicha acción demandaron a la Superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, la ministra de Finanzas, Elsa Viteri, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero y al liquidador. Luego de cuatro meses aún no hay un fallo.

Este Diario solicitó un pronunciamiento a la Superintendencia y al liquidador,  pero no recibió ninguna contestación. Por su parte, los representantes de la AGD no dan  entrevistas a la prensa.

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