5 de March de 2010 00:00

31 personas detenidas fueron liberadas por falta de acusación

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Redacción Guayaquil

La Policía detuvo a 790 personas por diferentes delitos entre diciembre de 2009 y enero de 2010, como acción del control de la inseguridad en la ciudad de Guayaquil.

Treinta y una de esas detenciones fueron en  forma flagrante y los sospechosos portaban armas de fuego, como revólveres calibre 38, cartucheras calibre 16, pistolas 9 milímetros y hasta fusiles HK calibre 7,62. Esta última arma es de exclusivo uso de las Fuerzas Armadas.

Diez de los detenidos tenían antecedentes por robo, tenencia ilegal de armas y lesiones. Fueron puestos a órdenes de fiscales para que soliciten las audiencias de formulación de cargos a los jueces de garantías penales, por portar armas de manera ilegal y por robos agravados. Pero, todos fueron liberados tras la diligencia.

Lo mismo ocurrió con la detención de Gisella T.A., supuesta implicada en un asalto bancario. Fue liberada porque permaneció seis días sin ser llevada a una audiencia de formulación de cargos ante un juez de garantías penales, por controversias entre los dos fiscales que conocieron el caso. El artículo 77 de la Constitución establece que nadie puede permanecer detenido por más de 24 horas sin ser procesado. 

Aquello generó una queja pública del jefe de Policía del Guayas, Juan Ruales, contra los operadores de justicia por favorecer supuestamente a los delincuentes.

Ese reclamo hizo que los jueces amenacen con enjuiciar al oficial por supuestas injurias, pero también evidenció una serie de incongruencias  en el sistema judicial y policial de Guayas.
El artículo 168 del Código de Procedimiento Penal establece que la prisión preventiva la debe ordenar el juez de garantías penales, a petición del fiscal.

“Los fiscales no han solicitado prisión preventiva... Nosotros no podemos ordenarlas por sí solos porque estaríamos prevaricando...”, dijo el juez Virgilio Matamoros, tras defender su actuación y las de sus tres compañeros en los casos cuestionados por Ruales.

El fiscal de Delitos contra la Propiedad, Leonidas Lema,  cuestionado por el jefe  policial, dijo  que no siempre tienen que pedir la prisión porque la Policía lo quiere. Esa petición debe estar motivada o sustentada con evidencias.

Lema señaló que no siempre ocurre eso. Puso como ejemplo un caso mencionado por Ruales en donde hubo tres detenidos por portar arma ilegal pero tenían un solo revólver como evidencia.

“Imputé el delito al que dijo  conocer el arma y por lógica no podía imputarles un delito a los otros dos”, contó Lema.

Otra incongruencia  está en el Código Penal, que considera el portar arma sin permiso  como una contravención. Mientras que para la Ley de Armas, es un delito y lo sanciona con reclusión menor de 3 a 6 años. También establece solo el retiro del arma.

“Hay una incongruencia entre las disposiciones... La Ley de Tenencia de Armas da permiso para tenerla, pero no para portarla...”, expresó la presidenta de la Corte, María Leonor Jiménez.

El martes pasado, el ministro de Justicia, Néstor Arbito, dijo que solicitará al Consejo de la Judicatura que investigue “diligentemente” las supuestas actuaciones irregulares de los jueces, denunciadas por Ruales. Arbito también apoyó al coronel Ruales, al calificar de acertado su trabajo al  frente de la Policía de Guayas.

Más hechos 

Un grupo de Policías  retirados de Guayas y otras provincias realizó ayer una marcha de respaldo a Juan Ruales en Guayaquil.

La caminata recorrió   la avenida Nueve de Octubre y finalizó  en  el Palacio de Justicia. En la Plaza San Francisco se exhibieron  carteles en defensa de Ruales.    

El prefecto de Guayas,  Jimmy Jairala,  anunció ayer en su enlace radial que se ofrece como mediador  en el impasse entre Ruales y los judiciales.

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