Redacción Guayaquil
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Las notificaciones para desalojar a 234 camaroneros empezaron a entregarse desde el lunes pasado. Para hoy está previsto acudir a las piscinas ubicadas en la zona de las Esclusas, en el sur del Guayaquil, y mañana a las instalaciones cercanas al Golfo del puerto principal.
Se trata de 3 047 hectáreas que operan sin permiso en zonas protegidas y no tienen concesión. Diego Rodríguez, director de protección ambiental de la Dirección Nacional de Los Espacios Acuáticos (Dirnea), dijo que tiene ubicadas a las camaroneras pero en algunos casos no posee los nombres de los propietarios.
“En algunas zonas sabemos los nombres pero no podemos decirlos porque luego se van. Llevamos las notificaciones y ahí ponemos los nombres”.
Los desalojos se realizarán en su mayoría en los alrededores del Golfo de Guayaquil, que concentra el 80%. Una vez notificados, los camaroneros tendrán 60 días para retirar sus equipos, maquinarias y demostrar con documentos que los terrenos son legales.
Rodríguez sostuvo que tienen 30 días para entregar los pedidos de desalojo a todos los involucrados. “Ya se notificaron a todas las direcciones regionales para que sean entregadas. Hay lugares lejanos y difíciles de llegar”.
Además, la Subsecretaría de Acuacultura registró a 463 dueños de camaroneras que no actualizaron sus documentos ni se regularizaron hasta el 31 de marzo pasado. Eso significa que las propiedades serán revertidas al Estado. Se calcula una extensión de 20 000 hectáreas.
En el país existen 162 000 hectáreas, de las cuales 56 000 están concesionadas por el Estado en las zonas de playas y bahías.
César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), dijo que la regularización y los desalojos son un engaño porque hay un proyecto de Ley de Aguas que será suficiente para acabar con toda la industria. “Hablan de desalojos y regularización pero hay un proyecto que busca prohibir la operación de cultivos de especies acuáticas en playas y bahías. Todos seremos desalojados de las camaroneras”.
Monge explicó que la entrega de camaroneras a los comuneros de la isla Puná es también una burla porque se quedarán sin operar ni utilizar el agua de mar.
“Los asambleístas del Gobierno no tienen idea de lo que son las playas y bahías cuando se habla de camaroneros. Ellos piensan que son playas de turistas y que por eso no deben tomar el agua. Están equivocados”.