9 de January de 2010 00:00

En 2005 se aprobaron las garantías

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Redacción Quito
quito@elcomercio.com

El dictamen acusatorio emitido por el fiscal de Pichincha, Marco Freire, sobre las supuestas garantías financieras otorgadas a Quiport en el contrato para el nuevo aeropuerto de Quito, continúa generando polémica. 
 
Freire salió  ayer a los medios a defender    su dictamen emitido  en contra del ex alcalde  Paco Moncayo; el ex procurador síndico del Municipio,  Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel;  el ex vicealcalde, Andrés Vallejo; y dos funcionarios de la concesionaria Quiport.    



El proceso legal
El 7 de mayo de 2009.  El ex Alcalde de Quito y los 17implicados en el caso de las garantías municipales presentaron sus alegatos, en la formulación de cargos. Esto fue en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha.
  El proceso legal  que se lleva adelante por el tema de las garantías municipales en el contrato del nuevo  aeropuerto  se inició por pedido del ex alcalde de Quito, Paco Moncayo.
La Concesionaria  Quiport, a cargo de la construcción del nuevo aeropuerto, señaló que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán plenamente refutados por los inculpados. Su presidente, Philippe Baril dijo que esto puede afectar la renegociación.

Según él,  ya se ha demostrado,  a través de documentos, que el Municipio  capitalino aceptó entregar a  Quiport  una garantía financiera, que  según el funcionario, es   prohibido ante la Ley.  Pues -dijo-  que solo el Gobierno   puede emitir garantías a un proyecto.

La acusación se basa en que supuestamente se ha cometido el delito previsto en el art. 257 C del Código Penal, el cual consiste en la decisión tomada por  un órgano colegiado. En este caso es  el Concejo Metropolitano.

En  sesión extraordinaria  del 17 de junio de 2005,11 ediles  aprobaron  la resolución mediante la cual se autorizó al Alcalde la suscripción  de los contratos de “Garantía Municipal”, de entrega de usufructo de los bienes de propiedad municipal y de Acuerdo de Consentimiento de Garantía.

Según el fiscal Freire, de los 11 concejales que participaron en esa sesión, solo Vallejo es señalado como autor de peculado. Mientras que los otros concejales, entre ellos Augusto Barrera, Vilma Andrade, Gonzalo Ortiz, Luis Caicedo... fueron notificados con  un dictamen no acusatorio.  

No obstante,  la exclusión de la excitativa fiscal  de  la concejala Macarena Valarezo, quien formó parte del Concejo Metropolitano en 2005 sorprendió al también ex concejal Gonzalo  Ortiz.

Valarezo afirmó ayer, en Teleamazonas, que ella votó en contra de la Resolución de las garantías municipales, en la sesión extraordinaria del 17 de junio de 2005.   Aunque   apoyó  la  renegociación del contrato que se está efectuando desde agosto del año pasado.

Pero Ortiz  señaló que  la resolución sobre las garantías municipales fue aprobada por unanimidad del cuerpo colegiado.   “Fue una sesión en que se revisó el contrato de concesión y la resolución de las garantías;  ambas cosas fueron aprobadas por unanimidad”.
 
Afirmó que la edil abandonó la sesión, pero luego retornó por pedido del ex alcalde Moncayo. “Ella se mantuvo en toda la sesión y eso consta en todas las actas”.     
    
Según el documento que contiene lo expresado en la sesión de Concejo del 17 de junio de 2005, la aprobación de la Ordenanza  en la que se declara como proyecto especial la construcción del aeropuerto y de la resolución de autorización de las garantías municipales  fue por “unanimidad de los señores concejales (11)”.
 
El concejal Pablo Ponce también ratificó que Valarezo participó en la reunión extraordinaria. “Ella quiso abandonar la sala  pero yo le invité a que participara del debate sobre un proyecto primordial para la ciudad”. En el acta se señala que Valarezo pidió más información sobre el proyecto de construcción del  aeropuerto.

En esa misma sesión también se aprobó la Ordenanza  en la que se declara como proyecto especial la construcción en Tababela y obras complementarias y se expiden las normas que regulan todas las actividades relacionadas con las obras de construcción (...).

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