30 de marzo de 2016 12:05

13 838 alumnos no se gradúan, tras cierre de 14 universidades

Los alumnos de universidades cerradas rinden exámenes semestrales en la Espe. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Los alumnos de universidades cerradas rinden exámenes semestrales en la Espe. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

El tiempo que Adriana Altamirano ocupará para terminar su carrera de Ingeniería Comercial será mayor al del resto de sus compañeros.

Estará en las aulas ocho años, en lugar de cinco, que es lo normal si no se pierden materias. 
La quiteña, de 28 años, comenzó a estudiar en 2009, en la Universidad Autónoma de Quito (UNAQ).

Pero tras la suspensión definitiva de ese y otros 13 centros de estudios superiores del país (que no pasaron las evaluaciones de las autoridades de Educación en 2012) ella fue reubicada. 
Desde entonces, asiste a la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe).

Cuando se dio la suspensión de la UNAQ, Altamirano estaba en cuarto semestre. Ahora cursa octavo y espera graduarse el 2017. 
Tras un año y “varios trámites” entró al Plan de Contingencia del Consejo de Educación Superior (CES) para todos alumnos que se quedaron sin universidad. 
En total, 38 000 constaban con matrícula en esos centros.

De ellos, solo 32 028 se matricularon y hasta noviembre de 2015 se graduaron 18 190.
Los otros 13 838 estudiantes (43,2%) aún no terminan sus estudios o desertaron. Las cifras constan en un nuevo proyecto de Ley que se discute en la Asamblea Nacional, que busca el cierre definitivo de las 14 universidades.

Desde el 22 de febrero, este Diario ha solicitado al CES una entrevista, sin 
resultado. Se buscaba conocer las cifras actualizadas y respuestas a problemas que estudiantes y profesores enfrentan.

En un sondeo hecho en las universidades Espe, Central del Ecuador, del Azuay y Politécnica Salesiana (UPS), cuatro de las 17 que acogieron a los alumnos del Plan, la deserción es alta. 
En el caso de la Espe, según su vicerrector académico, Ramiro Pazmiño, la mitad de los que empezaron el Plan ya no está.

Jorge Ortiz, director académico de la U. Central, en cambio, dice que el 49,53% de los alumnos no continúa. En la Universidad del Azuay el 49,7% abandonó y en la UPS se retiró el 38,34%.

El Plan ofrecía cuatro mecanismos a los alumnos. Terminar los estudios en la misma universidad, en otra a distancia, presencial y la inscripción extraordinaria en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.


Esto último se abrió para quienes se matricularon en una carrera con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en 2010, o para quienes aprobaron menos de 50 créditos en una carrera de tercer nivel. Debían rendir un examen para obtener un cupo en una universidad pública.

Patricia Benavides optó por quedarse en el mismo centro de estudios. Ella estudiaba Psicología en la Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL). Un día antes de la suspensión de ese centro, ella entregó el borrador de su tesis. 
Se graduó el 25 de junio del 2013, luego de defender su trabajo de investigación ante un tribunal designado por el CES.

Antes tuvo que recibir un mes y medio de clases para certificar la aprobación de la materia de Ética, registro que se había “extraviado durante la intervención”.


Damián Rodríguez, en cambio, estaba en segundo semestre de Ecoturismo en la Escuela Politécnica Javeriana. Su padre le aconsejó que empezara desde cero en otro centro. En la actualidad está a punto de egresar de la misma carrera en la U. Católica.


Sara Tamba, quien estudiaba Ingeniera Comercial a distancia en la Universidad Tecnológica América (Unita), decidió cambiarse a la modalidad presencial y continuó su carrera en la Universidad Técnica del Norte (UTN).

Tras la 
prueba de ubicación tomada por el CES, fue a quinto semestre. Bajó dos niveles, pues en la universidad suspendida estuvo en séptimo. Ella se sintió perjudicada. No solo por el año de estudio que perdió sino por el dinero. Pagaba USD 540 por semestre en la Unita y mientras realizaba todos los trámites del Plan tuvo que viajar hasta dos veces por semana a Quito, desde Atuntaqui. 


Este Diario se comunicó con las 17 universidades consideradas en el Plan de Contingencia, para conocer el número de graduados. Siete respondieron.

De 4 144 estudiantes matriculados, únicamente 300 se han graduado a la fecha.
El otro frente que la suspensión dejó es la liquidación a exdocentes y extrabajadores.

Sonia Elizalde trabajó 17 años como secretaria en la Unita. En los últimos cuatro años, desde la suspensión, dice que no ha recibido ningún valor por liquidación. “Tampoco el CES nos ha dado respuestas”.

Igual con Patricio Coba, quien fue docente de la Facultad de Informática de ese mismo centro, por 11 años. 
Ellos aseguran que con el valor de los bienes que fueron incautados a las universidades se podría cancelar a todos los extrabajadores de los 14 establecimientos. Su preocupación es que mientras más pasa el tiempo “más se devalúa el costo de esos bienes”.

La liquidación de esas posesiones está en manos de la Asamblea Nacional, que realizó el primer debate de la Ley que busca la liquidación total de esos centros. Con el dinero que se reciba de ese proceso, se proyecta pagar a los exempleados de todos los centros.

Lo que sobre se entregará a las universidades que participaron en el Plan deContingencia.


En contexto


En la Asamblea Nacional se debate la Ley para cerrar de forma definitiva a 14 universidades. Aún no hay fecha para el segundo debate. En el Plan de Contingencia para los alumnos de esos centros se proyectó una inversión al 2017 de USD 48 millones.

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