3 de July de 2009 00:00

118 personas deben elegir entre la banca o los medios

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Redacción Política

La disposición transitoria vigésimo novena de la Carta Magna dice que las personas que integren el sector financiero, sus representantes legales, miembros de directorio y accionistas, no pueden tener participación en el capital de medios de comunicación. Para ello, deberán traspasar sus acciones hasta el 20 de octubre de 2010.

Esta norma expedida en Montecristi encontró su campo fértil en la auditoría de frecuencias elaborada por una comisión especializa, que estudió la concesión de estas entre 1995 y 2008.

Este estudio señala que 118 personas, que  tienen acciones  en 210 medios de comunicación,   deberán cumplir con lo establecido en la Constitución y transferir sus títulos. Entre ellos está Fidel Egas Grijalva, quien tiene participación en 10 medios, uno de ellos es Teleamazonas, según la auditoría de frecuencias.

En la lista también constan  Juan Eljuri Antón, con nueve participaciones, Jorge Eljuri Antón (ocho), Juan Acosta Andrade (ocho), Olga Antón Iza (seis), Esteban Quirola Figueroa (cinco), Henry Eljuri Antón (cinco), Gladys Eljuri Antón (cuatro), etc.

Para elaborar la nómina, la comisión solicitó a la Superintendencia de Bancos la lista de accionistas, representantes legales y directivos de entidades financieras. Asimismo, pidieron a la Superintendencia de Compañías información sobre las participaciones y accionistas de las empresas activas que operan en el Ecuador.

Luego, tal cual se explica en la página 260 del informe, se cruzaron las diferentes bases de datos para conocer a los 118 accionistas en entidades financieras.

En el documento, la comisión que estuvo integrada por 10 personas, recomienda que se diseñe un sistema de monitoreo para controlar si efectivamente se producen las ventas, sea de las participaciones en el sistema financiero o en los respectivos  medios como dispone la Constitución.

Textualmente señala que “sería prudente estructurar sistemas  que permitan disponer de información sobre los cambios en las estructuras accionarias”.

Además sostiene que se deben “crear límites a la propiedad horizontal (en el mismo mercado), vertical (en diferentes partes de la cadena) y cruzada (en diferentes medios).

De las participaciones que señala la auditoría, conformada por el Ejecutivo en noviembre de 2008, una corresponde al sector público, una a la Iglesia Católica, 10 a personas jurídicas y las restantes 106 a personas naturales.

Sin embargo, lo dicho por la comisión es una base que será analizada, siempre y cuando las autoridades de control pertinentes como la Contraloría, la Fiscalía y el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, lo requieran.  

En cambio, para Lenin Andrade, ex integrante del Conartel en varios períodos en representación de la  Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), no existe impedimento legal para que un ciudadano que tenga una acción en un banco o en el sector financiero no pueda tener un medio de comunicación social.

El ex presidente de AER considera que “existen vacíos legales para poder cumplir con la nueva Constitución, porque aún no existen disposiciones claras sobre el  tema”. Además, afirmó que la auditoría “busca  provocar un caos con irracionales criterios”.

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