2 de April de 2010 00:00

11 procesos están abiertos en los tribunales arbitrales

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Redacción Negocios

negocios@elcomercio.comEl país enfrenta al momento 11 procesos arbitrales en cortes internacionales. Aunque no hay un monto definitivo, la cuantía total de las demandas   representan  al menos  USD 11 000 millones. Del total de procesos, siete pertenecen al ámbito petrolero, de los cuales  cuatro están relacionados con el cambio de la normativa jurídica en el país, vinculadas  con la expedición de la Ley 42.En este grupo se encuentran las compañías Murphy, Burlington, Perenco y Repsol.La normativa, del 2006,  determinó que al menos el 50% de las ganancias extraordinarias por el incremento del precio del petróleo pasen a las arcas fiscales.  Pero el presidente, Rafael Correa,  en el 2007, determinó que el 99% de estas ganancias extras ingresen al presupuesto  y el 1% permanezca en las compañías.Este cambio en las reglas fue acompañado de una renegociación de  contratos, para lo cual se estableció un período de transición.  Pero Murphy, Burlington, Perenco y Repsol llevaron sus casos a un centro de arbitraje adscrito al Banco Mundial (BM),  argumentando que  el cambio de normativa violaba los tratados de protección de inversiones.Dentro de las demandas de arbitraje consta una del 2006. El martes pasado la Corte de Arbitraje de la Haya emitió un fallo parcial  a favor de Chevron.  Se  estableció un monto  inicial de daños por  USD 698,6 millones, debido a que las cortes de justicia del Ecuador  retrasaron  el proceso de siete demandas que Texaco puso entre 1991 y 1993.  En un segundo arbitraje  la compañía estadounidense exige que, de darse un fallo en su contra por daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana, el Estado asuma las indemnizaciones.Argumenta  que  el Gobierno ecuatoriano avaló la remediación que Texaco hizo cuando salió del país,  por lo que no tendría derecho a reclamo.El séptimo proceso en la lista de arbitrajes petroleros es el de la compañía Occidental.Los  motivos fueron la caducidad de su  contrato para  explotar el crudo del  bloque 15 y el traspaso de los campos al Estado en mayo de 2006.La compañía también reclama la violación del Tratado de Protección de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. Su reclamo asciende a  USD 3 300 millones.De los cuatro casos restantes, uno se relaciona con el  sector eléctrico. La  compañía Ulysseas  invirtió en  una central termoeléctrica que no llegó a operar Según la empresa, ello se debió a que no había garantía del pago por  la generación. Ante ello, Ulysseas presentó un proceso ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. La barcaza, sin embargo, fue asumida temporalmente por el Estado desde noviembre pasado, a raíz de  la crisis eléctrica.Una novena demanda es de la compañía boliviana Global Net ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en México. La empresa tenía un contrato de instalaciones de telecomunicaciones que debía instalar en zonas rurales  del país. El Estado argumentó que la empresa no cumplió su contrato, mientras que la compañía indicó  que no tuvo las facilidades.El décimo caso fue interpuesto por la empresa Vatadur ante la Corte Interamericana de Arbitraje Comercial. La compañía debía brindar el servicio de ambulancias fluviales pero el Estado argumentó que no lo cumplió y dejó de pagar USD 500 000.  El último arbitraje lo interpuso Quiport SA ante el Ciadi por la construcción del nuevo aeropuerto de Quito. El proceso está suspendido por las negociaciones con el Municipio de Quito.

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