1 de noviembre de 2014 21:14

11 exempleados de la Mutualista Benalcázar son inocentes

El edificio matriz de la Mutualista se vendió a la Procuraduría General del Estado. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El edificio matriz de la Mutualista se vendió a la Procuraduría General del Estado. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Gabriela Quiroz. Editora (I)
gquiroz@elcomercio.com

Tras seis años del cierre de la Mutualista Benalcázar no se comprobó el delito de peculado en contra de 11 exfuncionarios. El Tribunal Séptimo de Garantías Penales los declaró inocentes, en agosto pasado.

En el juicio, que incluye más de 30 000 fojas, no se constató que los cinco exmiembros del Directorio ni seis administrativos se apropiaron de bienes o dinero ni desviaron fondos.

La tarde del 7 de mayo del 2008, la entonces superintendenta Gloria Sabando, anunció que la entidad estaba insolvente. Su patrimonio técnico cayó a -6%, cuando la norma exige el 9%. Al bajar de este porcentaje, una entidad no tiene la solvencia para responder a terceros.

Las investigaciones recayeron sobre Ximena Martínez, expresidenta del Directorio; Enrique Estrella, exvicepresidente; tres vocales: Carlos Bermeo, Enrique Gortaire y Emanuel Narváez.

La demanda presentada por la Fiscalía también involucró a Carlos Pareja, exsubgerente; Gonzalo Sánchez, exgerente; Matilde Encalada, exauditora interna; Nacy Garzón, excontadora. En la lista se incluyó al auditor externo Germán Varela, y la exgerenta de una firma subsidiaria, Paulina Ramos.

Durante el proceso se demostró que el patrimonio cayó por efecto de la aplicación de una norma de la Superintendencia, que exigió ajustes en los registros contables, coinciden Marcelo Ron y Emiliano Donoso, abogados defensores.

De acuerdo con dicha norma -emitida en julio del 2007-, las instituciones no pueden registrar como ingreso operacional los valores que salen de avalúos de bienes. Solo se puede anotar como utilidad los rubros producto de la venta de viviendas, oficinas, bodegas, etc.; caso contrario se convierten en utilidades ficticias.

La defensa alegó que esto no podía aplicarse en los proyectos inmobiliarios que estaban en marcha, porque la resolución no es retroactiva. Lo que cabía era un plan de regularización, enfatiza Ron.

En este caso, luego de que arrancó un primer plan de vigilancia preventivo, por parte del órgano de control, pasaron 23 días y se cerró la entidad. No se ejecutó la regularización.

Los miembros del Directorio prefieren virar esta página y seguir con sus vidas. Este caso arrancó con una instrucción fiscal por peculado; luego el fiscal, Jorge Cano, determinó que se trataba de una quiebra culposa, es decir, que por negligencia ocasionaron el cierre.

Pero de forma sorpresiva luego volvió a peculado, hubo una primera sentencia acusatoria, que más tarde se declaró nula, pues los jueces fueron recusados, etc. Durante 6 años los exempleados han estado obligados a presentarse una vez por semana en el Tribunal, por la prohibición de salida del país, han sufrido el embargo de bienes y acciones.

Estas medidas, tras la sentencia a su favor y que ya está ejecutoriada, fueron suspendidas.

El cierre de la Mutualista se debió en gran parte al ajuste de valor que hizo la Superintendencia al Club Santa Fe, lo cual redujo su patrimonio.

Se trataba de un club social y deportivo, que en ese entonces se perfilaba como un sitio de entrenamiento exclusivo, en el sector Quito Tennis.

La ‘Súper’ determinó que el valor de los predios y las construcciones del club ascendía a USD 5 millones y no 11,8 millones, como registró la Mutualista. Este ajuste impactó directamente en el patrimonio.

Este inmueble, que no llegó a inaugurarse, no ha sido vendido y ahí labora el personal encargado de la liquidación. Este Diario solicitó una entrevista al liquidador y a las autoridades de la Superintendencia, pero no respondieron. Tampoco se pudo ubicar a Gloria Sabando.

Según el balance de esta entidad, las pérdidas acumuladas llegaron, a junio de este año, a casi USD 34 millones, debido a la falta de capital social y el aporte de socios.

Las actividades de la institución se han enfocado, entre otras cosas, al cobro de cartera y pago de cuentas. Los gastos, evidentemente por el cierre, se redujeron de USD 18,8 millones, en junio del 2008 a USD 654 000, en junio 2014.

Otro aspecto que resalta en el balance son las obligaciones con el público. Todavía falta cancelar USD 19 millones. Por otro lado, la cartera de créditos de vivienda, que era parte del giro de negocio de la entidad, suma todavía USD 500 000.

En la web: www.mbenalcazar.com hay poca información y se alerta a quienes tienen pendientes que su vida jurídica está próxima a extinguirse.

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