13 de mayo de 2017 21:18

10 leyes polémicas que aprobó la Asamblea Nacional del 2013-2017

Plenario de la Asamblea Nacional 2013-2017 en su último día de labores de este ciclo legislativo. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

En el periodo 2013-2017, la Asamblea Nacional aprobó 73 normas, de las cuales 43 fueron iniciativas del presidente Rafael Correa, según datos del Observatorio Legislativo. 24 las presentaron los asambleístas, tres la Función Judicial, dos la de Transparencia y uno la Defensoría del Pueblo.

La mayoría de estos cuerpos legales abarca las áreas de salud, seguridad social, justicia, ambiente, transparencia y control social, ordenamiento territorial, economía y finanzas. Y Correa envió 13 de sus proyectos en la categoría de materia económica urgente. Según el Observatorio, llegaron 339 propuestas. 279 de ellas eran de legisladores y 48 del Presidente. Es decir que solamente cinco de sus proyectos no fueron aprobados durante el periodo que terminó este jueves 11 de mayo, con la sesión de clausura.

Uno de los proyectos de Correa, referente a una legalización de terrenos en Buena Fe, fue archivado. Otros 90, que fueron iniciativas de los legisladores, corrieron con la misma suerte.

Entre los 43 proyectos del Mandatario y los 20 restantes que fueron aprobados durante los últimos cuatro años hubo polémica alrededor de algunos. Aquí enlistamos los más polémicos:


Ley de Comunicación

Ha sido criticada por atentar, supuestamente, a la libertad de expresión, debido a su carácter sancionador. Esta ley permitió la creación de la Superintendencia de la Comunicación y la Información que, durante el 2016, trató 345 casos, 225 de los cuales terminaron en sanción. En 152 casos, la sanción fue de tipo pecuniaria. Las demás fueron amonestaciones escritas, disculpas públicas, rectificaciones y réplicas. La entidad abrió 204 expedientes de oficio y recibió 141 denuncias externas.

Código Orgánico Integral Penal

Esta normativa causó polémica en grupos feministas, ambientalistas y médicos. En el primer caso porque no se incluyeron artículos para despenalizar el aborto en caso de violación o de riesgo en la vida de la madre. Los ambientalistas pedían sanciones severas en casos de delitos en contra de animales o la naturaleza. Uno de los reclamos más fuertes fue el de los médicos, quienes rechazaban que se tipifique la mala práctica profesional como homicidio culposo.

Código Orgánico Monetario Financiero

En este Código creó la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, con amplias facultades para normar a los sectores bancario, cooperativo, de seguros y valores. Se eliminó la figura de sociedades financieras, por lo que deben encaminarse hacia la conversión, fusión o liquidación. Además, se crearon nuevos tipos de banco. Otro punto polémico del Código fue la regulación del dinero electrónico, medio de pago que utiliza el celular para realizar compras.

Ley para la Justicia Laboral

La ley suprimió el aporte fijo del 40% que el Estado hacía para el pago de pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aunque el oficialismo defendió la decisión y dejó en la ley un compromiso estatal de garantizar que se cumpla este pago y cubrir el dinero cuando haga falta, no existe una regulación precisa sobre cómo lo hará. Además, la ley establece que el aumento anual de la pensión jubilar será únicamente de acuerdo con la inflación y ya no en un monto de hasta 16,6% como se manejaba antes de que la normativa entrara en vigencia.

Ley de Galápagos

La polémica por esta ley terminó en la expulsión de Alianza País del asambleísta Ángel Vilema, quien representaba a la provincia de Galápagos. Uno de los puntos más controversiales en el debate de la normativa fue el cálculo para establecer los salarios de los habitantes del Archipiélago. Debido al costo de transporte de alimentos y otros artículos, el costo de la vida es superior al del continente. Antes de esta ley, el sueldo se fijaba entre un 75 y 100% más que en el resto del país. Sin embargo, el presidente Rafael Correa vetó el proyecto y estableció una nueva fórmula para fijar las remuneraciones que fue rechazada por la población de la isla.

Ley de Solidaridad

Se emitió con el fin de tener una fuente de ingresos para solventar los gastos de reconstrucción, tras el terremoto del 16 de abril del 2016. Esta ley incrementó durante un año el Impuesto al Valor Agregado del 12 al 14% y dispuso la contribución de uno o más días de trabajo a las personas que ganaran más de USD 1 000. La ley fue criticada porque se consideró que no había un mecanismo claro para que el dinero que ingresara para los afectados por la catástrofe se usara únicamente en su beneficio y no en otro tipo de gastos del Estado.

Ley de Incentivos Tributarios para Varios Sectores

Aunque esta ley retiró parcialmente el anticipo de impuesto a la renta en ciertos casos, los empresarios consideraron que los incentivos no eran suficientes si se tomaba en cuenta el actual escenario económico. La Asamblea incluyó la posibilidad de que el Servicio de Rentas Internas devuelva a las empresas el excedente.

Ley de Seguridad Social de las FFAA y Policía

Los cambios en la estructura de los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía generaron rechazo en las filas de estas entidades y también entre sus exintegrantes, que ahora reciben pensiones jubilares. Uno de los puntos más polémicos fue que ambas instituciones serán dirigidas entre una terna enviada por el Gobierno. Además, dispuso que los uniformados puedan jubilarse tras 25 años de servicio, cinco años más de lo que establecía la legislación anterior. La ley puso un techo para que las pensiones de policías y militares no superen el máximo de un jubilado civil. También redujo el aporte individual al fondo de jubilación del 23 al 11,45% y el patronal del 26% al 9,15%.

Ley de Plusvalía

Un impuesto del 75% por el valor especulativo del suelo es uno de los puntos polémicos de esta ley. Se aplica en el caso de que haya una ganancia extra en una segunda venta de bienes inmuebles o terrenos. En el caso de terrenos urbanos baldíos, los dueños pagarán ese porcentaje desde el 2021. Además, la ley fue criticada porque da un incentivo a las empresas mineras que tendrán 48 meses de plazo para pagar las ganancias extraordinarias por su actividad. Antes debían hacerlo al mes siguiente.

Código de Entidades de Seguridad

Esta fue la penúltima normativa aprobada por la Asamblea saliente, en una semana de trabajo a contrarreloj. El punto más polémico es el que abrió paso a la formación del llamado Servicio Público de Protección, destinado al resguardo de autoridades gubernamentales. El oficialismo afirma que no se trata de un grupo armado, pero la oposición consideró anticonstitucional crear una instancia como esta, pues solamente está permitido en la Carta Magna tareas de seguridad para policías y militares. Además, la oposición afirma que los uniformados están capacitados para estas tareas y que no se puede proteger a una autoridad sin contar con armas para casos de emergencia.

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