El presidente estadounidense Barack Obama habló de su acción ejecutiva para proteger a los inmigrantes indocumentados en la escuela secundaria Del Sol, en Las Vegas. Foto: AFP
Iván Couronne. Denver, AFP (I)
Humberto Cruz Salas nació en Oaxaca, México, pero dejó su país de origen a los tres años y nunca regresó. Ahora tiene 21 y vive en EE. UU. de forma irregular. Pero en septiembre, este residente de Colorado consiguió una licencia estatal de conducir.
A pesar del estancamiento de la reforma migratoria a nivel federal, un creciente número de Estados está ampliando los derechos y ofreciendo más documentos a inmigrantes sin papeles. “Estaba un poco sin palabras”, contó Cruz sobre el día que recibió su preciada licencia, que expirará en septiembre del 2017.
Todos sus recuerdos son de Estados Unidos, donde paga impuestos y habla perfecto inglés. Pero el miedo a ser detenido y deportado nunca se aleja.
Colorado (oeste) se convirtió en agosto en el décimo Estado de la Unión en ofrecer licencias de conducir a inmigrantes indocumentados con el fin de mejorar la seguridad en las carreteras.
Sobre la tarjeta, en letras mayúsculas, hay una advertencia: la licencia no se reconoce a nivel federal, pero permite a Cruz conducir de manera legal, conseguir un seguro y evitar problemas con la Policía. “Ahora manejo mucho más seguro. No estoy constantemente paranoico”, dijo Cruz que, como millones de inmigrantes indocumentados, había estado conduciendo sin licencia.
Mientras tanto, este aspirante a la universidad está aún esperando el estatus de residente legal permanente. Sus dos hermanas, de 18 y 24 años, pronto conseguirán permisos de trabajo de dos años mediante un programa creado por el presidente Barack Obama en el 2012.
Cruz no pudo hacer lo mismo, ya que fue arrestado por conducir en estado etílico cuando tenía 18 años. “Probablemente el peor error que he cometido”, se sincera. Toda su esperanza está puesta en que Obama mantenga su promesa de sacar de las tinieblas a más inmigrantes sin documentos. “Toda mi vida está aquí”.
“Realmente tengo mucha esperanza en que un día se consiga”, dice sobre la reforma migratoria. El jueves, Obama decidió dar un permiso temporal a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados para evitar su deportación.
La mayoría de los políticos estadounidenses admite que la situación actual debe cambiar: unos 12 millones de inmigrantes sin documentos, la mayoría mexicanos, viven y trabajan en Estados Unidos.
Pero en 2006, 2007 y 2013 no se aprobaron los ajustes legislativos, bloqueados por conservadores que se oponían a cualquier tipo de “amnistía”.
Este atasco federal ha llevado a un número creciente de Estados a actuar en un terreno donde técnicamente no tienen jurisdicción y con el fin de mejorar la integración de los inmigrantes indocumentados, especialmente de los jóvenes.
¿Posibilidades de estudiar?
Colorado es ahora uno de los 17 Estados que da beneficios en la matrícula universitaria a los inmigrantes sin papeles. Así, el costo de un año en la universidad de Colorado, en Denver, pasa de los USD 16 000 a los
6 000. Para Cruz Salas, que trabaja 50 horas a la semana en dos restaurantes para poder ahorrar, la diferencia es crucial, porque no les está permitido pedir préstamos federales para estudiantes.
Mientras tanto, la Policía local se puso al margen recientemente de su papel de inspectora de inmigración. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno Federal aprobó varios acuerdos con los Estados para que la Policía verifique el estatus de inmigración de la gente a la que detuviera, explica Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute.
Pero tras una decisión del 2012 de la Corte Suprema y victorias de los demócratas en varias elecciones locales, los Estados han ido abandonando este papel, expresó Chishti.
Actualmente, en Colorado, la Policía no llama a las autoridades federales si arresta a un inmigrante sin documentos. Otros Estados y ciudades continúan abogando por tirar abajo las trabas migratorias, en particular Nueva York y California, cuyos gobiernos demócratas impulsan desde el 2013 leyes pro inmigrantes para otorgar licencias profesionales, préstamos estudiantiles y contra la discriminación laboral.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio firmó el 14 de noviembre dos leyes que recortan la cooperación de la ciudad con las autoridades federales de EE.UU. para casos de deportación de migrantes ‘sin papeles’.
La cooperación de las autoridades de Nueva York con responsables de inmigración y aduanas federales para casos de deportación se limitará, a partir de ahora, a “instancias en las que haya problemas de seguridad pública” o a “aquellos condenados por delitos graves o violentos”, señaló la Alcaldía.
“Hoy enviamos otro mensaje a Washington de que llegó la hora de actuar para dar alivio a tantos individuos que contribuyen al crecimiento de nuestra nación”, agregó De Blasio.